Daniel Ortega se aferra a la censura
8
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Febrero
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2022
Nicaragua.
Declaran culpable de “conspiración” a periodista Miguel Mora
Una jueza de Nicaragua declaró culpable el 4 de febrero de 2022 por el delito de “conspiración” al periodista Miguel Mora, uno de los siete aspirantes a la Presidencia encarcelados en el país desde hace ocho meses tras anunciar su intención de disputarle el poder al presidente Daniel Ortega, reelegido en noviembre para un cuarto mandato consecutivo.
El exdirector del canal 100% Noticias, ocupado y confiscado por el gobierno a fines de 2018, fue declarado culpable del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” por la jueza Nadia Tardencilla, dijo la periodista Lucía Pineda Ubau, quien dirige actualmente la televisora desde su exilio en Costa Rica.
Mora, quien ya había sido encarcelado en 2018-2019, es el primero de los siete precandidatos opositores presos que resulta culpado por el gobierno de Ortega. Fue enviado a prisión el 20 de junio, como parte de una ola de arrestos que afectó a otros 45 líderes políticos, profesionales, empresarios, exguerrilleros y exdiplomáticos opositores al veterano mandatario sandinista.
Pineda Ubau indicó que la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para Mora y su inhabilitación para ocupar cargos públicos, y que durante el juicio presentó como “testigos” a tres policías, uno de los cuales intervino en el allanamiento del domicilio del aspirante a la presidencia tras su detención el pasado 20 de junio.
Ortega impide entrada a escritor hondureño Oscar Estrada
El gobierno de Nicaragua impidió el ingreso al país al escritor y guionista hondureño Oscar Estrada, según denunció el también editor y periodista en sus redes sociales el pasado 5 de febrero.
“Me acaban de impedir la entrada a Nicaragua. Sin razones, solamente porque sí. ‘Ustedes no pueden entrar’, me dijeron. Muchas veces he entrado a Nicaragua y nunca me había pasado algo así. Increíble”, escribió Estrada en su cuenta de Twitter.
Oscar Estrada es fundador y editor en jefe de la editorial Casasola LLC. Ha participado como guionista en largometrajes, cortometrajes y series de televisión. En sus temas aborda temas de política, migración, crimen organizado, cultura y la relación entre Centroamérica y Estados Unidos.
En los últimos meses, Ortega ha impedido la entrada de numerosos escritores y periodistas a Nicaragua, entre ellos conocidos corresponsales de medios de comunicación internacionales que intentaron sin éxito cubrir los comicios del pasado 7 de noviembre, en los que el gobernante sandinista se reeligió para un cuarto mandato consecutivo, tras haber encarcelado a sus principales rivales políticos.
El gobierno nicaragüense aniquila todo pensamiento crítico con la estatización de la educación universitaria
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el gobernante partido Frente Sandinista, canceló la personería jurídica de las principales universidades privadas del país y creó de manera urgente tres instituciones estatales para reemplazarlas, reportó la publicación Confidencial.
Preocupa de manera fundamental la falta de alternativas para el pensamiento crítico y el cierre de espacios para miles de jóvenes nicaragüenses. La cooptación de centros educativos y el establecimiento de líneas doctrinarias de pensamiento en todos los espacios atenta gravemente contra la libertad de expresión.
Seis son los centros de estudios ilegalizados y cuyos bienes han sido confiscados con la aprobación expresa de una ley para este fin. Se trata de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y la Universidad Paulo Freire (UPF). Dos meses antes había sido cancelada la Universidad Hispanoamericana (Uhispam).
El Consejo Nacional de Universidades (CNU), también bajo control del gobierno, ocupó sus instalaciones y dio paso a la creación exprés de tres nuevas universidades estatales, a las cuales trasladará los bienes confiscados hace menos de una semana y sin el debido proceso.•